Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Luego de que la UNAM determinó que la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis en 1987 y ya el caso en el terreno de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el futuro de la posible invalidación de su cédula profesional como abogada tendría un impacto devastador para las arcas de la Ciudad de México, con el riesgo de incluso colapsar el sistema de justicia administrativa local.
También estarían en vilo miles de sentencias sobre regularización y conflictos por terrenos en el Tribunal Agrario, así como resoluciones de la SCJN en que el voto de Esquivel fue decisivo para que, por ejemplo, no se declarara la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
La eventual invalidez de la cédula profesional de Esquivel igualmente afectaría la legitimidad de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pues el sexto y definitorio voto con el que la eligieron en el cargo fue el de la ministra Esquivel.
Como presidenta del CJF, Norma Piña puede incidir para salvar a Esquivel, si fuera el caso que en los próximos días la SEP determinara retirarle la cédula profesional. La ministra plagiadora podría recurrir a un juicio de amparo, y en cualquier caso el juzgador estará subordinado a Piña, quien le debe una a Esquivel por el voto que le dio.
Todo es cosa de días. El pasado 11 de enero, Facultad de Estudios Superior de Aragón, donde estudió Esquivel, determinó que sí plagió su tesis, pero la UNAM dijo que no tiene atribuciones legales para invalidar su licenciatura, porque ello le corresponde a la SEP.
El caso lo recibió formalmente la SEP el viernes, pero no queda claro cuánto dispone para emitir una resolución esa dependencia que encabeza Leticia Ramírez, una de las más leales al presidente López Obrador, quien decidirá.
En este contexto, existe una especie de silencio ominoso de los otros 10 ministros de la SCJN, porque ninguno se ha atrevido siquiera a promover una moción de censura en contra de Esquivel, quien se resiste a renunciar al cargo para el cual hoy es evidente que era inelegible, porque según el artículo 95 constitucional “se requiere ser licenciada en derecho” y “gozar de buena reputación”.
Esquivel también habría sido inelegBible para otros cargos, como cuando fue magistrada en el Tribunal Agrario o en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde estuvo más de 10 años e incluso lo presidió. Ahí formuló miles de sentencias en que determinaron y/o ratificaron multas contra personas físicas y morales emitidas por autoridades de la Ciudad de México. El daño a las arcas capitalinas sería terrible si hay reclamos judiciales para invalidar esas sentencias, además del caos en los Tribunales.
En el peor escenario podrían anularse los miles de juicios que firmó Esquivel, y de las arcas capitalinas tener que devolver miles de millones; en el mejor escenario, reponer miles de juicios, lo que implicaría el colapso de los tribunales, al menos los administrativos.
A Esquivel la sostiene que forma parte de una red de intereses de la “4T”: es la esposa José María Riobóo –el contratista favorito de López Obrador–, quien está reparando la Línea 12 del Metro, cuyo tramo subterráneo fue reabierto ayer. Más allá de la SEP, Esquivel es insostenible como ministra. Debe renunciar ya. Lo veremos.