Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
La todavía ministra de la Corte, Yasmín Esquivel seguramente va a recibir protección institucional de Estado para que no le invaliden su cédula profesional, porque están en riesgo potencial miles de millones de pesos de las arcas de la Ciudad de México, federales y muchos asuntos clave para el Estado Mexicano.
En el futuro inmediato, Esquivel enfrentará presiones de la opinión pública para que renuncie a su cargo. Pero es probable que también afronte algún juicio administrativo en instancias federales, mediante el cual se buscará que le quiten el título de abogada, pues la Rectoría de la UNAM informó el pasado 31 de diciembre que plagió su tesis, cuando egresó de la ENEP Aragón (hoy, FES).
En vista de que la cédula profesional de Esquivel como abogada fue emitida por la Dirección General de Profesiones de la SEP, sólo una resolución de carácter judicial, del fuero administrativo federal podría retirarle el título. Los jueces y magistrados que conocerían su caso están subordinados a la recién electa presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, ministra Norma Piña, a quien Esquivel el lunes le otorgó su voto, el sexto y definitivo para obtener el cargo.
Además de la Presidencia de la República, hay al menos otras cuatro instituciones que son las más interesadas en defender el título de Esquivel: el Gobierno de la Ciudad de México y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX). Y a nivel federal, el Tribunal Agrario y la SCJN de la Nación, también tienen que defender el título de Esquivel.
La hoy cuestionada ministra tuvo encargos de magistraturas en tres de las instituciones mencionadas, para los cuales se requiere según el artículo 95 constitucional ser licenciada en derecho y gozar de buena reputación. Por tal motivo, juristas destacados y legisladores federales han advertido que si se le retirara el título, sus resolutivos, sentencias y toda actuación podrían ser susceptibles de juicios de nulidad.
El tamaño del daño que causaría al Estado Mexicano que se anularan esas actuaciones de Esquivel es incalculable. Por ejemplo, en el TJACM fue magistrada 10 años. Formuló miles de sentencias en que determinaron y/o ratificaron multas contra personas físicas y morales emitidas por autoridades de la Ciudad de México. El daño a las arcas capitalinas sería terrible si hay reclamos judiciales, además del caos en los Tribunales.
Esquivel también fue presidenta del TJACM y de su Junta de Gobierno, donde se aprueban reglamentos, lineamientos éticos, horarios, remuneraciones, criterios administrativos que podrían ser invalidados. Y algo clave: el ejercicio del presupuesto de unos 2 mil millones de pesos entre 2012 y 2016 que ella encabezó la instancia
Y qué decir de los conflictos y regularización de tierras en el Tribunal Agrario. O las sentencias de la SCJN en que gracias al voto de ella se definió en un sentido o en otro, como en tres de los artículos de la tan importante reforma para la ”4T” a la Ley de la Industria Eléctrica.
La resolución que debe emitir en los próximos días el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón será clave para que posteriormente el Tribunal Universitario determine a qué tipo de sanción se hace acreedora Esquivel.
Y de ahí, podría surgir algún juicio administrativo federal para intentar anularle su cédula profesional. Pero el Estado tiene que protegerla para protegerse a sí mismo. Por lo pronto, Esquivel debería renunciar al cargo de ministra, pero lo más probable es que no lo haga. Lo veremos.