CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio, (CDMX MAGACÍN) —El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que aprobará este miércoles, los lineamientos para regular los procesos en los que participan las denominadas «corcholatas» de Morena y los aspirantes del Frente Amplio por México, en el que se establecerá un tope de gastos por la cantidad de 34.7 millones de pesos.
De acuerdo con el INE, el proyecto que será votado por los consejeros detalla los criterios de fiscalización que realizará la autoridad electoral sobre las actividades que actualmente realizan los aspirantes de ambos bloques de Partidos.
Asimismo, los lineamientos serán aprobados a partir de la instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que el INE dé claridad sobre lo que pueden y no hacer los partidos que realizan procesos previos al inicio formal del proceso electoral.
En el documento se expone, que como ya se le había informado a Morena y al PAN, PRI y PRD que en esta etapa deben tener cuidado de no hacer manifestaciones de carácter electoral, garantizar que no se emplee propaganda por sí o por terceros con contenido proselitista electoral
Y que no se utilicen expresiones que se interpreten como la continuidad de programas de gobierno o la presentación de una plataforma electoral, así como garantizar que no se comentan actos u omisiones que puedan constituirse como violencia política en contra de las mujeres por razones de género.
Además, los lineamientos también establecen la prohibición de propaganda en equipamientos urbanos o que se cuelguen o coloquen en inmuebles urbanos, así como las pintas en bardas, y si ya existe fija un plazo de siete naturales para retirarlas.
Respecto a las encuestas, indican que las personas físicas o morales que las realicen dentro de un proceso político deberán presentar al Instituto un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos y si es contratada por los Partidos o las personas que estén inscritas en un proceso se computará como parte de los gastos ordinarios, al igual que aquellas que se utilicen con fines de propaganda.
Precisaron que, la propaganda gubernamental se debe utilizar exclusivamente para fines informativos, educativos o de orientación, por lo que no se debe hacer promoción personalizada de servidores públicos.
“La promoción personalizada de personas servidoras públicas en el marco de los Procesos Políticos consistente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora pública o que manifieste una aspiración personal en el sector público, que señale planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de las atribuciones que le confiere el cargo que ejerza o el periodo en que debe ejercerlo, a través un medio de comunicación social que revele el ejercicio de promoción personalizada”
Continua: “Las personas servidoras públicas podrán asistir a los eventos de procesos políticos en días inhábiles, su participación no debe incluir elementos de naturaleza electoral o equivalentes y se abstendrán de tener participación activa y preponderante en el evento del que se trate”, precisan.
Es de resaltar que, en el caso de los legisladores que participen, como en el caso de Santiago Creel o Xóchitl Gálvez no se le establece una restricción de participación.
“Las personas legisladoras federales pueden acudir a los eventos en días y horas hábiles, siempre y cuando no se distraigan de su participación en las actividades legislativas a su cargo. A quienes sean además personas inscritas no se le serán aplicables las restricciones de participación establecidas para personas servidoras públicas”, agregaron.
El documento que será sometido a votación del Consejo General ratifica que los partidos no podrán hacer uso de las prerrogativas de acceso a radio y televisión; mientras que en materia de financiamiento podrán recurrir al ordinario, salvo los recursos destinados a actividades específicas y el liderazgo de la mujer.
También, determina los topes de gastos y resuelve que, en ningún caso, podrán ser superiores a los 34.7 millones de pesos por cada persona inscrita en el proceso interno.
De acuerdo con el calendario establecido, la entrega de los informes de fiscalización señala que los sujetos obligados a la fiscalización deberán entregarlos el 2 de octubre y el Consejo General del INE los aprobará el 15 de diciembre del 2023.