CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre, (CDMX MAGACÍN).-Los propietarios de restaurantes y comercios en la Ciudad de México ven con temor la llegada a sus negocios de delincuentes que se hacen pasar por servidores públicos, quienes bajo el argumento de atender probables violaciones a la Ley Federal del Trabajo, pretenden hacer cobros de entre 30 y 60 mil pesos, como parte de un sofisticado método de extorsión.
Para atender esta situación que agobia a pequeños y medianos empresarios, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, pone un paso delante a la ley con la adición de un párrafo al artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, propone aumentar al doble las penas, cuando se ostente como servidor público de cualquier nivel de gobierno, sin tener dicha calidad, esto con independencia de las sanciones establecidas en el Artículo 276.
Cabe mencionar, explicó la también coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, que el Artículo referido establece penas de diez a quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización, buscando que se aumente al doble cuando este delito sea cometido por quien se ostente como servidor público de cualquier nivel de gobierno, sin tener dicha calidad.
El modus operandi de dichos extorsionadores, abundó la legisladora local, consiste en realizar una visita para alertar al propietario del negocio de una posible orden de inspección derivada de la violación a los derechos laborales de los trabajadores y dejan una supuesta orden para inspeccionar el establecimiento.
Como segundo acto de la extorsión, dijo, el falso funcionario espera a que el encargado o dueño se reporte telefónicamente y en ese momento, le solicita el número de “expediente”, que en realidad es el instrumento para identificar a la víctima y su negocio.
Posteriormente, concretan una cita y el día que acuden a ella las víctimas, los extorsionadores tratan de obtener dinero con la condición de no cerrar su establecimiento, precisó la diputada por Iztacalco.
Lo anterior, señala la representante popular, “ha sido documentado por diferentes medios de comunicación, en cuyas publicaciones se da cuenta de los avatares que sufre la industria restaurantera con extorsiones por parte de supuestos funcionarios públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de inspectores que acudían a los centros de trabajo, para imponer sanciones ante la ausencia de protocolos de seguridad laboral”.
Las modalidades de extorsión han evolucionado, detalló Elizabeth Mateos, llegando ahora a realizarse por presuntos servidores públicos, de ahí la necesidad urgente por actualizar la ley y las disposiciones normativas actuales en materia penal, a fin de atender una realidad social, evitar las afectaciones económicas al sector restaurantero y que este fenómeno se traslade a otros sectores de la economía en la ciudad.
Subrayó que el problema no puede ser atendido desde una arista ni de un solo modo, sino que, la complejidad esta entrelazada con diversos temas como la educación, la salud, la discriminación, así como la ejecución de mecanismos más allá de la prevención y la persecución de los delitos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través del área de Estadística Delictiva 2022, identifica en los meses de julio a septiembre del presente año, una reducción de la tentativa de extorsión pero un aumento en la extorsión como tal, por ello se considera necesario dar pie a las modificaciones normativas, que permitan contemplar como sujetos activos en la comisión del delito de extorsión, a aquellos que se hagan pasar por servidores públicos y dotar a la autoridad de mejores condiciones de actuación en materia de seguridad pública para brindar a la ciudadanía el pleno goce de una vida libre de violencia, concluyó.